La lacra del feminicidio en Méjico

Andrea Lobo Araujo

Desaparecen mujeres y no se vuelve a saber más de ellas, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer sus cuerpos sin vida. Esta situación se padece en Ciudad Juárez (México) desde 1993. Para referirse a estos hechos se ha llegado a crear un término: feminicidio. A fecha de hoy, estos crímenes están impunes y nadie busca a las mujeres desaparecidas. Los asesinatos y desapariciones continúan.

Mujeres jóvenes y de origen humilde, en su mayoría, son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a una feroz violencia sexual antes de ser torturadas, mutiladas, quemadas o asesinadas y dejadas en terrenos abandonados. Parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad. Suelen ser trabajadoras de las industrias, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Muchas viven en circunstancias precarias, a veces con hijos que mantener.

La posición del gobierno ante esta grave situación ha sido la completa ignorancia, sin emitir ninguna acción para detener en cierta medida el gran problema que asola a esta frontera.
La desesperación y el miedo de las familias que ven a sus hijas salir de sus casas sin saber si van a regresar, no son motivo para detener la voluntad de nadie de poner un freno a estos hechos.
 La activista mejicana Norma Andrade ha sufrido dos ataques en apenas dos meses. El último, hace una semana en la capital de Méjico. Allí vive desde que huyó de su hogar, Ciudad Juárez, donde la dispararon el 2 de diciembre pasado. Esta mujer de acero ha convertido en fuerza su dolor. En 2001 fundó la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, tras el asesinato de su hija Lilia Alejandra García Andrade, torturada y estrangulada por unos presuntos narcotraficantes cuando volvía de trabajar en una fábrica.

Tras los dos atentados, el Gobierno federal no asume la protección de Andrade, por lo que el próximo paso para ella, como para otras activistas, es salir de Méjico. El gobierno llegó a considerar su último ataque como un simple robo. Ella está convencida de que existe una campaña en su contra. Lleva diez años amenazada de muerte, casi el mismo tiempo que ha protestado contra los feminicidios en Méjico. “Yo soy así, no me callo ante las injusticias. Pero ahora me siento como un ratón, enjaulada sin poder salir. El mundo me da miedo”, se lamenta. Enumera a sus compañeras de “lucha” y cuenta de varias fallecidas y otras exiliadas. Ella se marchará en cuanto pueda. Como Rosa Isela Pérez, periodista de Ciudad Juárez exiliada en España; como Marisela Ortiz, en algún lugar del extranjero que prefiere no precisar. “Gana la sensación de tener que abandonar el país como delincuente. De tener que irte en lugar de encontrar la respuesta”, explica Andrade.

“Nuestra Hijas de Regreso a Casa” agrupa a familiares y amistades de jóvenes asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez desde hace una década. A raíz de la desatención a las demandas de justicia, la inacción gubernamental, la violación de derechos humanos y la recurrente ignorancia a las víctimas, se da la necesidad de crear cauces para que su voz sea escuchada.

La situación del feminicidio en Ciudad Juárez ha colocado a las  familias  de las víctimas en franca vulnerabilidad, al ser familias empobrecidas que tienen serias dificultades solo para enfrentar la vida cotidiana. Aunado a la tragedia de perder a sus  hijas, les  ha cambiado la vida. Su salud emocional está seriamente dañada, la propia búsqueda del esclarecimiento del crimen y la demanda por la justicia ha implicado hacer una serie de trámites y gestiones, que les han acarreado un fuerte desgaste emocional y económico.

Tras más de diez años sufriendo esta problemática en Ciudad Juárez, aún no se han creado los apoyos institucionales pertinentes. Según reza la organización fundada por Norma Andrade, “consideramos que esta Ciudad y sus Instituciones, así como el propio país,  tienen una gran deuda social con nuestras familias a quienes se ha saqueado, difamado y violado nuestros derechos más elementales, como es la transgresión a la vida privada y a la vida familiar, que ha sido fuertemente cuestionada para estigmatizarnos como culpables de lo que nos ha sucedido en un sistema de inseguridad humana y discriminación de las mujeres y las familias como las que constituimos Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. El único apoyo con el que cuenta esta iniciativa ha llegado a través de organizaciones solidarias, que les brindan soporte. Se unen a su voz para gritar más fuerte y que sus demandas se escuchen también en el panorama internacional para ejercer presión al gobierno.

“Nuestras Hijas de Regreso a Casa” comenzaron su lucha a través de una serie de protestas y denuncias públicas, que tuvieron eco en la sociedad pero no en las autoridades y el gobierno. Una vez integrado el grupo por familias, decidieron ir más allá de la sola denuncia e iniciar gestiones ante instancias de todo tipo para llegar a la verdad y la justicia que hasta ahora les han sido inaccesibles. Su labor ha sido seria y responsable, llevando el asunto de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez al plano nacional e internacional, no únicamente en cuanto a difusión de estos horrendos y dolorosos hechos,  sino en la búsqueda de soluciones.

Luchan por encontrar la justicia tanto jurídica como social. Es decir, hacer que las autoridades y los diferentes  niveles de gobierno asuman la responsabilidad en esta problemática que es grave y dolorosa. Además del asesinato de sus hijas, no se puede permitir que las familias se tengan que enfrentar a la ineptitud, la intransigencia, el encubrimiento, la corrupción y a la más indiferente actitud de  funcionarios y autoridades. En definitiva, funcionarios cómplices e impunidad del poder político y económico.

Al agotar las instancias mejicanas de justicia, en alianza con otras organizaciones, llevan peticiones de denuncia fuera del país. Su intención es que los casos sean esclarecidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que termine esta terrible matanza de mujeres, así como la impunidad de que están rodeados los crímenes.

El 14 de febrero de 2001, día de San Valentín, Lilia desapareció, como una de tantas mujeres en Ciudad Juárez, y su madre no cesa en su odisea por ver a su asesino entre rejas y que estos crímenes no se vuelvan a repetir. “En Juárez sabemos cuándo salimos, pero no si vamos a volver”, sintetiza Andrade.

No pierden las esperanzas de conseguir la ayuda del gobierno y lograr sus objetivos. Con la nueva apuesta del presidente Felipe Calderón, de poner por primera vez en la historia a una mujer al frente de la Policía Federal, esperan que la lucha contra el feminicidio cobre mayor importancia, no social, sino en la acción gubernamental. El pasado viernes Maribel Cervantes Guerrero, experta en crimen organizado y terrorismo, pasó a ser comisionada general de la Policía Federal. Dirigirá la estrategia del gobierno contra el delito en todo el país, según informó un comunicado oficial.

La defensora de los Derechos Humanos, Norma Andrade, sosteniendo una foto de joven de su hija Lilia Alejandra. Se aprecian las secuelas que la activista tiene como resultado del ataque con arma blanca que se perpetró contra su persona el 3 de Febrero de 2012.